Las clínicas y sanatorios privados de la Patagonia anunciaron que desde este martes dejarán de atender consultas de guardia para afiliados de PAMI, en el marco de un conflicto abierto por la actualización de los aranceles que perciben por las prestaciones. La medida alcanza a establecimientos de Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz, aunque se aclaró que continuará la atención de emergencias por razones de responsabilidad médica.
La decisión fue comunicada por las entidades prestadoras luego de varios meses de negociaciones sin acuerdo con las autoridades de la obra social. Según plantearon, los valores actuales de las prestaciones registran una pérdida real cercana al 75% en comparación con la inflación acumulada en los últimos dos años y medio, lo que habría deteriorado de manera significativa la sustentabilidad del sistema privado de salud.
En ese contexto, las instituciones señalaron que mantuvieron la prestación de servicios de manera ininterrumpida como señal de buena voluntad, pero advirtieron que la falta de respuestas concretas derivó en una situación económica crítica. También indicaron que presentaron distintas propuestas para avanzar en una recomposición gradual de aranceles y establecer mecanismos de actualización que permitan evitar un mayor deterioro.
Sin embargo, remarcaron que la última oferta presentada por las autoridades de PAMI contemplaba una suba inferior al 4%, cifra que consideran insuficiente frente al nivel de costos del sector.
El conflicto no se limita únicamente a los valores de las prestaciones. Las clínicas también advirtieron sobre dificultades operativas vinculadas a cupos en prácticas ambulatorias y a la provisión de insumos de alta complejidad, especialmente en áreas como urología y neurocirugía. Según explicaron, estos insumos no pueden ser absorbidos con los aranceles actuales, lo que impacta directamente en la continuidad de algunos servicios.
Ante este escenario, los prestadores solicitaron la intervención de los ministerios de Salud de las provincias patagónicas para evaluar el posible impacto de la medida en el sistema público, que podría enfrentar un aumento de la demanda de afiliados de PAMI.
Desde el sector también remarcaron que el sistema privado de salud concentra cerca del 65% de la atención en la región y genera más de 10.000 puestos de trabajo directos, por lo que advirtieron que la crisis no solo afecta a los pacientes sino también a la estructura sanitaria en su conjunto.
Las entidades firmantes sostuvieron que la suspensión de las guardias programadas para afiliados de PAMI se mantendrá mientras no haya una propuesta de recomposición que consideren “razonable y sostenible” para el funcionamiento de las instituciones.
