23 de julio de 2024
Neuquén AR

Cipolletti: denunciaron a un colectivero por discriminar a una discapacitada

La presentación la realizó en el Juzgado de Paz de Cipolletti una estudiante que debe viajar periódicamente a Neuquén donde cursa una carrera universitaria. Le ordenaron al chofer terminar con sus malos tratos.

Una estudiante universitaria que posee un Carnet Único de Discapacidad (CUD) denunció a un colectivero de la empresa KoKo por trato humillante y discriminador.

La presentación la realizó la joven acompañada por su madre en el Juzgado de Paz cipoleño, cuya titular, Gabriela Montorfano, ordenó una serie de medidas que deberá obedecer el chofer, en principio, por el término de 90 días, en el marco de una causa contravencional.

La resolución le prohíbe al hombre “ejercer actos de discriminación y/o violencia, en forma directa o indirecta, insultar, amenazar, intimidar, producir incidentes, realizar actos molestos, de hostigamiento, de acoso y/o perturbadores, por ningún medio, ni en forma personal, ni por teléfono, mensajes de texto, Facebook, WhatsApp, otras redes sociales o cualquier medio de comunicación”.

La estudiante discapacitada acusó al chofer de agredirla verbalmente y de darle un golpe en la mano cuando le tomaba fotos.

La estudiante discapacitada acusó al chofer de agredirla verbalmente y de darle un golpe en la mano cuando le tomaba fotos.

Archivo LMCipolletti

El documento judicial advierte que en caso de incumplimientos le darán intervención al Ministerio Público Fiscal.

En el reclamo, relataron que en reiteradas oportunidades cuando la estudiante abordó el rodado para dirigirse a Neuquén capital donde cursa la carrera, fue “increpada” por el chofer, quien le pedía documentación distinta a la presentada, porque alegaba que no resultaba suficiente el CUD.

Por ese motivo la mañana del 19 de julio del año pasado la acompañó la mamá y que cuando subieron al micro el conductor les solicitó el certificado de discapacidad, el documento nacional de identidad y la partida de nacimiento.

Sin embargo aclararon que no fue un pedido amable, sino “dirigiéndose de mala manera”.

Textualmente le dijo: “Si tenés verguenza de mostrar el certificado de discapacidad no lo muestres”, por lo que la joven se paró de su asiento y le sacó una fotografía al chofer, quien insólitamente detuvo la marcha y le dio un golpe en la mano, provocándo que cayera su teléfono.

Ambas mujeres se presentaron en la firma transportista, aunque no pudieron averiguar la identidad del denunciado. Tampoco la consiguieron desde el Juzgado de Paz, pese que realizaron diversas gestiones.

A fines de febrero último, pocos días después de la denuncia, se volvieron a presentar en el Juzgado de Paz y comunicaron que habían recurrido al INADI -Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo-, organismo al que la empresa brindó el nombre: Néstor Julián Sáez.

Posteriormente la secretaría del juzgado realizó una búsqueda en el padrón electoral, donde hallaron los datos necesarios para ubicar el domicilio de Sáez.

Al tiempo que las mujeres presentaron un escrito en el que ratificaron la denuncia, en la que volvieron a relatar que el colectivero “se niega a recibirle la documentación y la hostiga”.

Amplio marco normativo

Montorfano al analizar el hecho y sostuvo que lo denunciado encuadra en en lo que expresa el Código Contravencional en lo referente a “la integridad de las personas” y específicamente a las agresiones en la vía pública “con la característica de implicar una restricción mediante discriminación”.

Pero aclaró que en el caso se suma el agravante de que “una de las víctimas es una persona con discapacidad”, por lo que lo denunciado excede este marco legal y corresponde evaluarlo desde el punto de vista del derecho convencional que el país ha adoptado “como directriz fundamental para

A ello agregó que la Convención sobre los Derechos de Personas con Discapacidad (CDPD), aprobada por ley N° 26.378 y con jerarquía constitucional establece que los Estados partes deben “adoptar medidas pertinentes para asegurar a las personas con discapacidad el acceso al transporte en igualdad de condiciones con las demás”, para que puedan vivir “de forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida”.

Mencionó también la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de Discriminación Contra las Personas con Discapacidad (CIEFPD), que expresa que el término “discriminación contra las personas con discapacidad” significa toda distinción, exclusión o restricción basada en una discapacidad, antecedente de discapacidad, consecuencia de discapacidad anterior o percepción de una discapacidad presente o pasada, que tenga el efecto propósito de impedir o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por parte de las personas con discapacidad, de sus derechos humanos y libertades fundamentales”.

Asimismo citó la Constitución de Río Negro, que manifiesta que: “El Estado protege integralmente a toda persona discapacitada, garantizando su asistencia, rehabilitación, educación, capacitación e inserción en la vida social. Implementa políticas de prevención y procura que la sociedad tome conciencia y adopte actitudes solidarias. Las construcciones públicas prevén el desplazamiento normal de los discapacitados. El estado promueve a las personas excepcionales y facilita su educación especial”.

“La seriedad y gravedad de los hechos denunciados, cuya protección se ha previsto en el amplio plexo normativo de protección de los derechos humanos, justifican la toma de una medida cautelar acorde para disipar o bien prevenir futuras situaciones más gravosas”, resaltó como conclusión la magistrada.

Otra denuncia si reincide

En su resolución, la Jueza de Paz cipoleña le prohibe a Sáez “ejercer actos de discriminación y/o violencia, en forma directa o indirecta, insultar, amenazar, intimidar, producir incidentes, realizar actos molestos, de hostigamiento, de acoso y/o perturbadores, por ningún medio, ni en forma personal, ni por teléfono, mensajes de texto, Facebook, WhatsApp, otras redes sociales o cualquier medio de comunicación”.

Todo por un plazo de 90 días a partir de la notificación, el que podrá ser renovado a pedido de la parte denunciante.

Además le notificaron al colectivero que el incumplimiento de las medidas dispuestas dará lugar a la intervención del Ministerio Público Fiscal por el delito de “desobediencia a la autoridad”.

Asimismo le informaron la estudiante y a su madre que el chofer no cumple la prohibición ordenada podrán denunciar en forma inmediata ante cualquier Comisaría, comunicarse al teléfono 911 o realizar denuncia por incumplimiento ante el Ministerio Público Fiscal.

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