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Neuquén AR

Cesantía a empleada judicial en Cipolletti por tomarse más de 400 días de licencia y trabajar en Meopp y la Municipalidad de San Martín

El Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Río Negro resolvió la cesantía de una empleada judicial que prestaba funciones en la ciudad de Cipolletti, tras descubrirse que trabajaba simultáneamente en otros dos organismos públicos en la provincia de Neuquén, algo expresamente prohibido por la legislación vigente.

 

 

 

 

La mujer, identificada con las iniciales P.P., se desempeñó en la oficina judicial y la defensoría penal de la Cuarta Circunscripción. Sin embargo, entre 2019 y 2023 registró más de 400 días de licencias en el Poder Judicial rionegrino, mientras mantenía vínculos laborales activos con la Municipalidad de San Martín de los Andes y la obra social de los Petroleros Privados.

Licencias excesivas y traslado

Según se desprende del sumario administrativo, en 2019 la agente ya había tomado más de 100 días de licencia, y tras el inicio de la pandemia se trasladó a San Martín de los Andes, donde continuó trabajando. En 2022 solicitó 180 días de licencia extraordinaria sin goce de sueldo, y en 2023 sumó otros 255 días por enfermedad de tratamiento prolongado. A esto se sumaron más de 150 días adicionales en 2024, también sin percibir haberes.

Investigación y descargo

Los controles internos del Poder Judicial detectaron la irregularidad, que luego fue confirmada con registros de AFIP y ANSES, donde figuraba como empleada activa en tres organismos. El artículo 19 de la Ley L 3550 prohíbe expresamente el ejercicio simultáneo de más de un empleo público remunerado, sin importar la jurisdicción.

En su descargo, la mujer no negó los hechos y argumentó que desconocía estar incurriendo en una infracción. Atribuyó su accionar a problemas de salud personales y familiares, por los que tramitó licencias extensas en los distintos empleos.

Sanción y posible causa penal

El fallo del STJ consideró que la conducta de la agente fue una “grave infracción a los principios de honestidad y buena fe que deben regir el empleo público”. La cesantía, que implica la expulsión definitiva del Poder Judicial, busca “resguardar la confianza pública en la integridad institucional”.

El expediente fue remitido a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, que deberá determinar si existió un perjuicio económico para el Estado rionegrino. De confirmarse, la agente podría enfrentar cargos penales por su accionar.

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