Dólar oficial $1.530 – Dólar Turista $1.995,50 – Dólar blue $1.545 – Dólar MEP $1.536,53 – Contado con Liqui $1.602,59 – Riesgo País 485//
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La causa por la presunta utilización de certificados médicos falsos por parte de empleados públicos de Río Negro tendrá este viernes 21 de agosto su primera audiencia efectiva de formulación de cargos.
El proceso judicial se inició en mayo de 2024 y tiene un universo de 119 personas investigadas. La cantidad de acusados obligó a modificar el esquema original de audiencias y llevó al juez de Garantías Adrián Dvorzak a disponer que las formulaciones se realicen de manera progresiva y en distintos encuentros.
La primera audiencia había sido prevista para el 4 de junio, pero fue suspendida debido a la imposibilidad operativa de realizar en una misma jornada las acusaciones contra todas las personas involucradas.
Ahora, el proceso se retomará con un grupo reducido de imputados.
La primera audiencia contempla la formulación de cargos contra la médica que habría firmado los certificados cuestionados, un presunto facilitador de la gestión y cuatro empleados públicos que habrían presentado esa documentación para justificar licencias laborales.
Entre los agentes convocados hay un integrante del Servicio Penitenciario, una docente y dos policías.
Los fiscales Francisco Marano y Juan Pedro Peralta estarán a cargo de las acusaciones. Por su parte, el Estado provincial interviene como querellante y estará representado por Federico Rosbaco, de la Fiscalía de Estado.
Los defensores que participan de esta primera instancia son Silvio Garrido, Santiago Gonzalo Silva y Omar Jurgeit.
La causa se originó el 23 de mayo de 2024, a partir de una denuncia presentada por el gobernador Alberto Weretilneck junto con el fiscal de Estado, Gastón Pérez Esteban, y su adjunto, Luciano Minetti Kern.
La investigación comenzó a partir de certificados médicos utilizados por trabajadores estatales para justificar enfermedades y períodos de licencia.
Según la hipótesis fiscal, parte de esa documentación habría consignado diagnósticos o impedimentos laborales inexistentes, lo que habría permitido justificar ausencias y mantener el cobro de haberes durante los períodos de licencia.
Los certificados cuestionados habrían sido firmados por una médica de General Roca.
La investigación también apunta a establecer el rol que habría tenido una persona señalada como facilitador de la gestión de los certificados.
La hipótesis judicial no se limita a los empleados que presentaron la documentación. También procura determinar si existió participación de profesionales que emitieron los certificados y de personas que pudieron haber intervenido para obtenerlos.
En una etapa inicial también había sido mencionado un psicólogo de Villa Regina, aunque posteriormente quedó desvinculado del expediente debido a que, según la investigación, las pruebas reunidas no resultaban suficientes para sostener su participación.
Tampoco se concretó finalmente la ampliación de la denuncia hacia otros profesionales que había sido anticipada durante los primeros meses del expediente.
El número de personas alcanzadas por la causa fue uno de los principales obstáculos para avanzar con la primera audiencia.
La convocatoria original incluía a 119 acusados, muchos de los cuales habían participado de manera remota en la audiencia suspendida de junio.
Frente a esa cantidad, el juez Dvorzak resolvió dividir las formulaciones de cargos en diferentes audiencias, con el objetivo de garantizar el desarrollo de cada una de las acusaciones y la intervención de las respectivas defensas.
La audiencia de este viernes será, por lo tanto, el primer paso efectivo de esa nueva etapa procesal.
La participación del Estado rionegrino como querellante está vinculada con el eventual perjuicio económico que habría generado la maniobra investigada.
La hipótesis sostiene que la utilización de certificados presuntamente falsos habría permitido a trabajadores justificar períodos de ausencia y continuar percibiendo sus remuneraciones durante licencias que no estarían respaldadas por una situación médica real.
La investigación deberá determinar ahora, caso por caso, si los certificados fueron efectivamente falsificados o utilizados de manera irregular, qué responsabilidad tuvo cada persona y cuál habría sido el perjuicio ocasionado a la administración pública.
Las personas investigadas mantienen su derecho de defensa y la presunción de inocencia mientras avance el proceso judicial.
