El Tribunal Oral Federal N°2 dispuso avanzar con el decomiso de bienes de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y de los demás condenados en la causa Vialidad, tras quedar firme la sentencia dictada en diciembre de 2022 y ratificada en junio pasado. La medida alcanza 122 inmuebles, sociedades y activos identificados como vinculados a la maniobra fraudulenta desarrollada entre 2003 y 2015, según detallaron fuentes judiciales. La orden implica su tasación, realización y posterior venta, luego de que los condenados incumplieran el pago solidario fijado en el fallo.
El monto originalmente previsto como decomiso —$84.835 millones— fue actualizado por peritos contadores a $684.990 millones, equivalentes a más de 500 millones de dólares. Los magistrados Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso remarcaron que los bienes están afectados al circuito de beneficios derivados de la adjudicación irregular de obra pública en Santa Cruz y que su recuperación se ajusta a estándares internacionales de lucha contra la corrupción.
Bienes alcanzados y justificación del decomiso ordenado por el TOF 2
El listado de activos incluye propiedades de Cristina Fernández de Kirchner, así como bienes cedidos a sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner. También figuran terrenos, hoteles, departamentos y propiedades vinculadas al empresario Lázaro Báez y sus firmas Austral Construcciones, Kank y Costilla, y Loscalzo y Del Curto. Todos fueron señalados por el Ministerio Público Fiscal como instrumentos o productos del delito, o como activos generados durante los años en que se configuró la maniobra de direccionamiento de obra pública.
En su resolución, el tribunal sostuvo que el decomiso no requiere una trazabilidad contable exacta, sino una relación razonable entre los bienes y los beneficios ilícitos obtenidos. Desestimó además los planteos de las defensas —que alegaban falta de nexo causal y afectación de derechos de terceros— y recordó que tanto la legislación nacional como la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción habilitan medidas amplias de recuperación de activos para evitar situaciones de impunidad patrimonial.
Un fallo con impacto institucional y destino de fondos en evaluación
Los jueces ordenaron inscribir los bienes en la Base General de Datos de Bienes Secuestrados y comunicaron que informarán a la Corte Suprema una vez realizada la tasación, para su eventual afectación al servicio de justicia. También dejaron asentado que los fondos recuperados deberán orientarse a la reparación del daño social generado, especialmente en Santa Cruz, donde obras viales adjudicadas a Báez quedaron inconclusas y provocaron perjuicios en infraestructura clave.
El tribunal enfatizó que la ejecución del decomiso forma parte central del proceso de responsabilización en delitos de corrupción estructural, cuyo impacto económico exige mecanismos efectivos de restitución.
El reclamo previo del fiscal Luciani y el pedido de avanzar con la ejecución
El fiscal Diego Luciani había anticipado semanas atrás que impulsaría la ejecución inmediata del decomiso, tras el vencimiento del plazo de diez días hábiles otorgado para que los condenados pagaran solidariamente la suma actualizada. En una exposición pública, el fiscal señaló que “el decomiso está firme” y que, ante la falta de pago, “hay que ir por los bienes”.
Junto con su par Sergio Mola, Luciani presentó un dictamen solicitando al TOF 2 el avance urgente sobre los activos identificados de Cristina Fernández de Kirchner, Lázaro Báez y el resto de los condenados. El tribunal finalmente dio curso a ese pedido y ordenó la ejecución integral del decomiso, uno de los capítulos más significativos de la causa Vialidad desde la confirmación de la condena.
