La expresidenta Cristina Kirchner encabeza la lista de los involucrados en el expediente que investiga un presunto esquema de coimas. El proceso empezará el 6 de noviembre.
El Tribunal Oral Federal N° 7 desestimó este lunes la propuesta de más de 50 empresarios acusados en la causa Cuadernos, quienes buscaban evitar el juicio mediante el pago de una reparación económica. La decisión ratifica que todos los imputados deberán enfrentar el proceso oral desde el próximo 6 de noviembre.
Los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli coincidieron con el dictamen de la fiscal Fabiana León, quien se había opuesto de manera contundente al planteo. “La corrupción se juzga; la honra no se paga”, argumentó la representante del Ministerio Público al pedir que el tribunal rechazara los ofrecimientos.
Una causa emblemática de corrupción
El expediente investiga una presunta red de pago de sobornos en la obra pública durante los gobiernos kirchneristas, a partir de los registros que llevó el chofer Oscar Centeno, ex asistente del funcionario Roberto Baratta, en los que anotó supuestos traslados de dinero entre empresarios y funcionarios.
Entre los acusados figuran reconocidos empresarios del sector de la construcción y la energía, varios de los cuales habían ofrecido sumas millonarias para cerrar el caso sin llegar a juicio. El tribunal consideró que este tipo de acuerdos no se aplica a delitos de corrupción y que el proceso debe seguir su curso.
La posición de las querellas
Durante la audiencia previa, la Unidad de Información Financiera (UIF) —que actúa como querellante— también rechazó las ofertas económicas. El organismo consideró que aceptar una reparación monetaria implicaría “vaciar de contenido el sentido del juicio oral” y debilitar la persecución penal en casos de corrupción estructural.
El propio Oscar Centeno, testigo clave y autor de los cuadernos, se pronunció en el mismo sentido y pidió que se respete el juicio como instancia central para establecer responsabilidades.
Qué viene ahora
Con esta resolución, el juicio oral comenzará el 6 de noviembre y se prevé que se extienda durante varios meses. Serán juzgados exfuncionarios, empresarios y contratistas del Estado acusados de integrar un circuito de pagos ilegales vinculados a la adjudicación de obras públicas y contratos energéticos.
La decisión del tribunal refuerza el principio de que los delitos de corrupción no son pasibles de reparación económica y deben resolverse en el marco de un debate público, con todas las garantías procesales.
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