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El juez federal Ariel Lijo llamó a indagatoria al exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, y a otras 34 personas involucradas en presuntas maniobras de corrupción en el organismo. Se trata de un nuevo tramo de la causa por la que varios acusados ya fueron procesados en febrero.
El fiscal federal Franco Picardi y su par de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez, descubrieron en los últimos meses un segundo entramado dentro de la ANDIS que involucra 75.478.149.019 de pesos devengados “en favor de un reducido grupo empresarial”, según dictaminaron.
Entre diciembre de 2023 y octubre de 2025, esta presunta asociación ilícita integrada por funcionarios, lobistas, empresarios y empleados habría direccionado de manera intencionada múltiples compras de insumos de alto costo -llamados PACBI- para que “amigos y allegados resultaran adjudicatarios de las mencionadas sumas millonarias, a cambio de retornos y dádivas de diversa índole”, sostuvo la acusación al pedir las indagatorias.
Es así que este miércoles el juez Lijo, interinamente a cargo del Juzgado Federal N° 11, ordenó la ampliación de las declaraciones indagatorias de Diego Spagnuolo, su ex número dos Daniel María Garbellini, el lobista Miguel Ángel Calvete, y los empresarios Andrés Horacio Arnaudo y Federico Maximiliano Santich. Todos ellos ya estaban involucrados en la primera parte de la causa.
Las indagatorias comenzarán el 28 de abril con Spagnuolo y Garbellini, quienes fueron las máximas autoridades del organismo durante la gestión libertaria, y se extenderán hasta el 26 de mayo.
Los nuevos sospechosos a indagar son: Emilio Olguín, Evangelina García, Claudio Kahn, Gerardo Angarami, Oscar Capello, Guido Capello, Pablo Rivero, Martim Armella, Hernán Rasmussen, Máximo Perdiechizi, Osmar Caballi, Mariano Sagués, Christian Sagués, Vicente Sagués, Lucas Sagués, Humberto Maone, Javier Bernat, Fernando Bernat, Gustavo Bernat, Vicente Vázquez, Nicolás Luna, Fabián Piedimonte, Lautaro Britez y Diego Miras Acosta.
También se fijaron fechas de indagatoria para Fabián Parlakian, Matías Palotti Bertola, Patricio Denholm, Alan Poccovi, Sergio Daniel Mastropietro y Patricio Oscar Acosta.
Qué investiga la Justicia
El mecanismo detectado por los fiscales en este nuevo episodio de la corrupción en la ANDIS es el mismo que ya se detectó en la maniobra anterior: la manipulación de procesos de contratación pública para la provisión de medicamentos e insumos PACBI del Programa Federal Incluir Salud.
La hipótesis de la acusación sostiene que se simuló la competencia entre oferentes y se direccionaron adjudicaciones a empresas previamente seleccionadas, lo que resultó en beneficios económicos ilegales y la entrega de dádivas a funcionarios.
Las contrataciones fraudulentas se vincularon con la adquisición de medicamentos e insumos PACBI en diversas categorías, como amputaciones, audífonos, cardiología, implantes auditivos, neurología, sillas/andadores y traumatología.
Estos productos se caracterizan por su elevado costo o por requerir tratamientos prolongados, como cirugías de alta complejidad o medicamentos biológicos para enfermedades raras y crónicas. La provisión de estas prestaciones estaba a cargo del Programa Incluir Salud de la ANDIS y estaba destinada a beneficiarios de pensiones no contributivas sin otra cobertura de salud, especialmente a personas con discapacidad o en situación de vulnerabilidad.
La organización habría usado un “sistema irregular” de contratación que contravenía la normativa vigente, permitiendo el direccionamiento de los procesos de compra en beneficio de determinadas droguerías y firmas proveedoras, además de la cartelización, la discrecionalidad en la distribución de pagos y la violación de principios legales como la publicidad, la transparencia y la concurrencia de oferentes.
En el expediente hay un cúmulo de pruebas que sugieren que había personas ajenas a la Agencia que se encargaban de la toma y ejecución de decisiones: el exfuncionario Pablo Atchabahian y Miguel Ángel Calvete, preso por una causa de proxenetismo y conocido por dar entrevistas en los medios como vocero de los supermercados chinos y presidente del Instituto de Estudio de Consumo Masivo.
La investigación del fiscal Picardi tiene documentados dos episodios que, según entiende, funcionaron como coimas de Calvete hacia Spagnuolo: la entrega de $5.000.000 en efectivo en junio de 2025 y el saldo de deudas que tenía el extitular de la ANDIS con una mueblería por un total de $9.970.500, que se abonaron a través de la cuenta bancaria de Indecomm SRL.
Para asegurar la eventual recuperación de activos y evitar el desprendimiento de bienes que podrían ser objeto de decomiso, el juez Ariel Lijo ordenó la inhibición general de bienes sobre todas las personas y empresas involucradas.
En cuanto a los procesamientos ya dictados -que estuvieron a cargo del juez Sebastián Casanello- las defensas se encuentran argumentando sus apelaciones ante la Cámara Federal. Este jueves será el turno del abogado de Calvete, Juan Ignacio Pascual, quien también representa a la pareja del empresario, Guadalupe Muñoz.
