El ciudadano ruso Konstantin Rudnev, de 57 años, será trasladado en las próximas horas desde la unidad de detención de Rawson hacia Buenos Aires, donde cumplirá detención domiciliaria con monitoreo electrónico, en el marco de la causa que investiga presunta trata de personas con fines de explotación sexual.
La medida fue dispuesta por el Tribunal de Revisión, luego de más de un año de prisión preventiva en una investigación que tuvo origen en el entorno de San Carlos de Bariloche y que es conocida mediáticamente como el caso de la denominada “secta rusa”.
El expediente lo mantiene imputado por presunta trata de personas, aunque su defensa sostiene que no existen elementos que lo vinculen con los hechos investigados y cuestiona la solidez de la acusación fiscal.
El abogado defensor, Martín Sarubbi, afirmó que tras doce meses de investigación “no apareció una sola prueba nueva” y cuestionó la continuidad del proceso en los mismos términos. También criticó el pedido de prórroga de la pesquisa, al considerar que no hubo avances sustanciales en la causa.
En esa línea, la defensa sostiene que los elementos inicialmente considerados incriminatorios fueron descartados por pericias posteriores, incluyendo el análisis de sustancias secuestradas que no serían ilícitas y la falta de vinculación del imputado con los domicilios investigados.
Según el planteo defensivo, los contratos de alquiler y registros de los inmuebles involucrados figurarían a nombre de terceros, lo que debilitaría la hipótesis de responsabilidad directa de Rudnev.
Otro de los puntos centrales de la estrategia de defensa es la ausencia de una estructura criminal organizada. Sarubbi sostuvo que no existen pruebas de coordinación internacional ni jerarquías que permitan sostener la existencia de una organización transnacional vinculada al caso.
El abogado también cuestionó el uso de recursos estatales destinados a la investigación, al considerar que no se condicen con los resultados obtenidos hasta el momento.
Con el traslado a la Ciudad de Buenos Aires, la causa ingresa en una etapa clave: la fiscalía deberá definir si cuenta con elementos suficientes para avanzar hacia un juicio oral o si el expediente podría encaminarse a un escenario de revisión por falta de pruebas concluyentes.
