La vía penal se cierra, pero la disputa civil por las tierras sigue abierta
La extensa disputa por tierras entre el exbasquetbolista Emanuel Ginóbili y la comunidad mapuche Paicil Antriao en Villa La Angostura llegó a su fin en el ámbito penal. Este mediodía, el juez Ignacio Pombo dictó el sobreseimiento de los siete imputados de la comunidad, al considerar que el caso prescribió. Aunque queda abierta la posibilidad de continuar las acciones por la vía civil, el fallo marca un cierre en el plano penal, al declarar extinguido el delito de usurpación que, según la justicia, fue cometido en 2018.
El juez Pombo explicó que el último acto que interrumpió el plazo de prescripción ocurrió el 28 de mayo de 2019, cuando la causa fue elevada a juicio. Desde entonces, y a pesar de los intentos de negociación que se llevaron a cabo durante años, el caso no avanzó hacia el juicio, lo que resultó en el vencimiento del tiempo legalmente estipulado para juzgar el delito de usurpación, cuya prescripción se establece en tres años.
Un fallo en el límite de los plazos legales
El fallo generó desconcierto en los querellantes, quienes han esperado más de cinco años una resolución penal. “Comprendo que esta decisión no les brinda respuesta satisfactoria a los querellantes (…) pero debo aclarar que esto es lo que la ley manda. Si se vencen los plazos, debe adoptarse la desvinculación”, señaló el juez Pombo, enfatizando que su decisión está alineada con la normativa vigente. El proceso penal había tenido demoras y aplazamientos, incluso con fechas programadas de juicio que nunca llegaron a concretarse.
Por otra parte, el juez resaltó que el cierre del caso en el ámbito penal no implica que la disputa haya terminado, ya que quedan abiertas las vías civiles. En este sentido, los querellantes aún pueden buscar una resolución en la justicia civil, que podría implicar el tratamiento de la titularidad de las tierras en conflicto, lo cual se proyecta como un proceso prolongado y complejo.
Una resolución que reabre el debate sobre plazos judiciales
La decisión del juez Pombo también reaviva el debate sobre los tiempos procesales en la justicia penal, especialmente en casos complejos y prolongados. Mientras que la comunidad Paicil Antriao celebra el fallo como una victoria en su lucha por el territorio, los representantes de Ginóbili consideran que la resolución deja inconclusas muchas de las demandas que buscaban resolver en el plano penal. El fallo, aunque ajustado a derecho, deja abierta la discusión sobre la efectividad de los plazos de prescripción en causas que involucran derechos territoriales y conflictos de larga data.
