La martillera Natalia Rucci afirmó que la propiedad se publicó inicialmente en USD 340.000 y se vendió a USD 200.000 tras negociaciones. Aseguró que su firma no intervino en la operación posterior vinculada a Manuel Adorni y que las compradoras “solo firmaron la escritura”.
La investigación judicial que involucra al jefe de Gabinete Manuel Adorni sumó en las últimas horas un nuevo elemento con la declaración de la martillera Natalia Rucci, titular de una inmobiliaria que participó en la venta previa del departamento ubicado en el barrio porteño de Caballito.
Según explicó la profesional, la operación en la que intervino su empresa corresponde a la venta del inmueble por parte de su anterior propietario, el exfutbolista Hugo Morales, y no a la compra posterior que derivó en la actual titularidad vinculada al funcionario nacional.
De acuerdo a su testimonio, el departamento fue publicado en 2024 con un valor inicial de USD 340.000, en línea con las condiciones del mercado en ese momento. Sin embargo, ante la falta de compradores, el precio fue ajustado progresivamente hasta alcanzar los USD 295.000. Finalmente, tras una negociación con interesados que argumentaron la necesidad de realizar refacciones, la operación se cerró en USD 200.000.
La martillera sostuvo que la transacción se desarrolló dentro de parámetros habituales del mercado inmobiliario. Indicó que la oferta fue aceptada por el propietario luego de las gestiones correspondientes y que el proceso se concretó mediante escritura formal ante una escribana designada por los compradores.
Uno de los puntos que analiza la Justicia es el rol de las dos mujeres que figuran como compradoras en esa primera operación. En ese sentido, Rucci señaló que si bien ellas firmaron la escritura, la gestión integral de la compra —incluyendo visitas, negociación y reserva— fue realizada por un tercero, identificado como Pablo Martín Feijoo, hijo de una de las firmantes.
El expediente también pone el foco en la posterior reventa del inmueble. Según trascendió, meses después de la primera operación el departamento fue vendido por USD 230.000 a Adorni, con un esquema de pago que incluyó un anticipo y financiamiento sin interés. Sobre este punto, la martillera fue enfática en remarcar que su inmobiliaria no participó en esa instancia y que tomó conocimiento del vínculo del funcionario con la propiedad a través de los medios de comunicación.
En su declaración, Rucci aseguró que no detectó irregularidades en la operación en la que intervino y que el procedimiento respondió a prácticas habituales del sector, donde es frecuente que terceros gestionen compras en nombre de familiares o allegados. También explicó que la determinación del precio final depende de la negociación entre las partes y de factores como el estado del inmueble, su ubicación y las condiciones del mercado.
La causa judicial busca establecer si existieron maniobras irregulares en la adquisición del departamento y si los valores de compra y venta se corresponden con operaciones reales de mercado. En ese marco, los investigadores analizan la trazabilidad de los fondos y el rol de los distintos actores que intervinieron en las transacciones.
Mientras avanza el expediente, el caso mantiene impacto político en el Gobierno nacional, que por el momento sostiene a Adorni en su cargo y evita pronunciamientos de fondo sobre la investigación en curso.
