El Gobierno prepara una nueva versión de la Ley de Inocencia Fiscal para despejar dudas de los contribuyentes y fomentar la incorporación de dólares no declarados al circuito formal. Sin embargo, los plazos legislativos y el vencimiento de las declaraciones juradas de Ganancias ponen en duda su impacto durante este año.
El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó que el Gobierno enviará al Congreso una nueva versión de la denominada Ley de Inocencia Fiscal con el objetivo de corregir aspectos cuestionados por especialistas tributarios y generar mayores incentivos para que los ahorristas vuelquen sus dólares al sistema financiero y productivo.
La decisión implica un cambio respecto de la postura que había sostenido el oficialismo en los últimos meses, cuando defendía el esquema vigente y minimizaba las observaciones realizadas por tributaristas y contadores. Ahora, el Ministerio de Economía busca introducir modificaciones que otorguen mayor previsibilidad jurídica a quienes evalúan adherirse al régimen.
El desafío de llegar antes de julio
La principal dificultad no pasa por el contenido del proyecto, sino por los tiempos políticos y legislativos. El vencimiento para la presentación de las declaraciones juradas de Ganancias y Bienes Personales correspondientes al período fiscal 2025 fue fijado para el 27 de julio, luego de una prórroga dispuesta por el Gobierno.
Esa fecha aparece como una referencia clave porque muchos contribuyentes esperan conocer el alcance definitivo de la norma antes de tomar decisiones patrimoniales o adherir a los beneficios previstos.
Sin embargo, especialistas del sector consideran poco probable que el proyecto sea debatido, aprobado y reglamentado con suficiente anticipación para generar efectos significativos durante el actual período fiscal.
Qué cambios analiza el Gobierno
Entre las modificaciones que se encuentran bajo análisis figura la eliminación o flexibilización de los límites patrimoniales y de ingresos para acceder al Régimen Simplificado de Ganancias, manteniendo únicamente restricciones para los grandes contribuyentes.
También se estudia reformular el concepto de “discrepancia significativa”, uno de los puntos más cuestionados por los profesionales tributarios, para evitar que diferencias menores o errores formales impliquen la pérdida automática de los beneficios.
Otro de los cambios previstos apunta a permitir la rectificación voluntaria de declaraciones juradas antes de una determinación de oficio por parte del organismo recaudador, facilitando la regularización de inconsistencias sin perder las ventajas del régimen.
La mirada del sector privado
Los especialistas coinciden en que la clave para el éxito de la iniciativa será la confianza. La intención oficial es que quienes mantienen ahorros fuera del sistema formal consideren seguro incorporarlos a la economía registrada.
No obstante, varios tributaristas advierten que los plazos para que la norma tenga impacto en el ejercicio fiscal 2025 son extremadamente ajustados. Por esa razón, muchos consideran que el verdadero efecto de la ley podría observarse recién durante 2026.
Bajo esa mirada, la reforma funcionaría este año más como una herramienta de transición o “tapón fiscal”, mientras que su potencial para movilizar ahorros en dólares hacia inversiones, consumo o instrumentos financieros dependerá de las condiciones que finalmente apruebe el Congreso.
La apuesta oficial
Durante una exposición ante empresarios y ejecutivos financieros, Caputo defendió la necesidad de avanzar con la iniciativa y sostuvo que el ahorro acumulado fuera del sistema puede convertirse en un motor de crecimiento económico.
La estrategia del Gobierno apunta a que esos recursos se canalicen hacia inversiones productivas, con el objetivo de fortalecer la actividad económica sin necesidad de recurrir a nuevas emisiones monetarias o endeudamiento.
Mientras tanto, el oficialismo enfrenta una carrera contra el reloj para conseguir respaldo legislativo y convertir el proyecto en ley antes de que concluya el calendario fiscal vigente. De lo contrario, el impacto concreto de la medida quedará postergado para el próximo ejercicio.
