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La discusión sobre los costos judiciales volvió a instalarse en Neuquén con la presentación de un proyecto de ley que propone establecer límites a los honorarios profesionales en juicios de ejecución de deuda impulsados por el Estado. La iniciativa fue presentada por la legisladora Lorena Parrilli.
El texto plantea incorporar un artículo 13 bis a la ley 1594 —que regula los honorarios de la abogacía— para fijar un tope máximo: los abogados no podrán percibir más de tres IUS o el equivalente al 30% del capital reclamado, según cuál resulte menor.
El proyecto abarca ejecuciones vinculadas a deudas por servicios públicos, tasas, contribuciones, multas e impuestos, tanto en el ámbito provincial como municipal. También incluye a entes autárquicos y empresas estatales.
El objetivo es unificar criterios y evitar que, en este tipo de procesos, los costos legales terminen multiplicando el monto original de la deuda.
En los fundamentos, la iniciativa advierte sobre un fenómeno creciente: el incremento desmedido del monto total que deben afrontar los contribuyentes cuando se judicializan deudas con el Estado.
Según se detalla, al sumar honorarios profesionales y costas de distintas instancias del proceso, el resultado final puede volverse “desproporcionado” en relación con la deuda inicial.
Como ejemplo, el proyecto menciona casos en los que una multa de bajo valor puede derivar en montos finales significativamente más altos debido a los honorarios legales, lo que —según la autora— desvirtúa el objetivo original de la sanción.
La propuesta pone el foco en el efecto que estas prácticas tienen sobre los ciudadanos, especialmente en contextos de vulnerabilidad económica. Desde esa perspectiva, se sostiene que los desfasajes pueden adquirir características “confiscatorias” y generar un perjuicio adicional para quienes ya enfrentan dificultades para regularizar sus deudas.
El proyecto abre una discusión más amplia sobre el equilibrio entre el derecho de los profesionales a percibir honorarios y la necesidad de evitar costos judiciales que terminen siendo excesivos para los contribuyentes.
En ese marco, la iniciativa busca introducir un criterio de razonabilidad en los procesos de ejecución, con el objetivo de que el costo del cobro no supere —ni distorsione— el sentido original de la deuda reclamada.
