Aunque la Asociación Rural de Tierra del Fuego cumplió con el depósito de la caución de 5 millones de pesos exigida por la Justicia Federal, el Senasa mantiene un silencio absoluto sobre si ya se aplica la suspensión de la resolución 460/2025, que levantaba la histórica barrera sanitaria en la Patagonia. El sector ganadero reclama definiciones urgentes.
El fallo judicial había establecido una única condición: el pago de esa caución por parte de los productores fueguinos para que la medida de suspensión comenzara a regir. La presidenta de la Asociación, Lucila Apolinaire, confirmó que el trámite se concretó en tiempo y forma la semana pasada, tras superar varias trabas burocráticas.
Sin embargo, desde entonces, las consultas a Senasa no obtuvieron respuestas. Ni productores ni medios de comunicación saben si la suspensión está vigente, si alcanza a toda la Patagonia o si el organismo apelará la decisión judicial. Esta falta de definiciones mantiene en vilo al mercado ganadero regional.
“Nosotros cumplimos con el pago, pero tampoco sabemos si la medida ya está en vigencia, nadie nos dice nada. Incluso nos piden sumar contratos de exportación a Chile que se cayeron, pero eso es casi imposible de calcular porque muchos corderos todavía ni nacieron”, señaló Apolinaire con evidente desánimo.
La dirigente, que días atrás había celebrado la medida judicial, ahora expresó frustración: “El daño se sigue haciendo y lo vamos a pagar por un largo tiempo. Pedimos una reunión con Senasa el 11 de agosto y nunca nos contestaron”.
La falta de respuestas oficiales contrasta con el clima de tensión que se vivió el fin de semana en la 48ª Exposición Ganadera, Comercial e Industrial de Río Colorado. Allí, productores y dirigentes renovaron su rechazo al levantamiento de la barrera sanitaria y delinearon estrategias conjuntas para enfrentar la incertidumbre.
El gobernador Alberto Weretilneck volvió a apuntar contra el Gobierno nacional, al que acusó de “mentir y estafar a los consumidores”. A su vez, el presidente de la Sociedad Rural local, Pablo Castillo, advirtió que la región ya arrastra pérdidas millonarias por la sequía y que el conflicto sanitario agrava el cuadro.
Las preguntas siguen abiertas: ¿rige la suspensión en toda la Patagonia o solo en Tierra del Fuego? ¿El Senasa apelará la resolución? ¿Habrá cambios en el diseño de la política sanitaria? Ninguna de estas dudas encuentra respuesta hasta el momento.
Lo cierto es que la resolución 460/2025, que abría el ingreso de carne con hueso plano desde la Pampa Húmeda, alteró un delicado equilibrio sanitario y económico construido durante décadas en la región. Para los productores patagónicos, el retroceso en la política de barrera implica perder competitividad y confianza en mercados clave.
Mientras tanto, la incertidumbre se traduce en contratos suspendidos, operaciones en pausa y precios deprimidos. Y en un contexto de sequía, inflación y retracción del consumo, cada día sin definiciones oficiales se percibe como una herida más en la ya frágil economía ganadera de la Patagonia.
