Dólar oficial $1.420 – Dólar Turista 1.846 – Dólar blue $1.415 – Dólar MEP $1.428,27- Contado con Liqui $1.486,78 – Riesgo País 538
Una auditoría realizada por el Tribunal de Contralor de Bariloche reveló serias irregularidades en la gestión del Instituto Municipal de Tierras y Viviendas (IMTV) entre los años 2015 y 2018, período que abarca el final del mandato de María Martini y los primeros años de Gustavo Gennuso al frente del municipio.
Según el informe, más de 1.700 lotes fueron adjudicados a personas que no cumplían con los requisitos establecidos, muchos de ellos fuera del registro oficial de demandantes. Se trata del 45,6% de los 3.852 terrenos adjudicados en ese período.
El presidente del Tribunal de Contralor, Estanislao Cazaux, calificó la situación de “escandalosa” y aseguró que los casos observados serán objeto de sumarios administrativos e incluso denuncias penales. Sostuvo que la modalidad detectada constituye una práctica de clientelismo político, en perjuicio de quienes se anotaron por las vías formales y esperaban por años una solución habitacional.
“La entrega de lotes se hizo sin ningún parámetro. No había orden de mérito, ni prioridad por situación de vulnerabilidad. Se burlaron del registro oficial”, denunció Cazaux.
El informe ya fue enviado al Concejo Municipal, que deberá decidir si aprueba los balances de los años auditados y qué medidas tomar ante las graves observaciones.
El desvío de lotes se canalizaba mayormente a través de cooperativas, gremios y mutuales, fuera del sistema formal. Algunos casos destacados:
Sindicato de Luz y Fuerza: 52% de adjudicatarios fuera del listado oficial.
Mutual del Transporte de la Patagonia: 42%.
Utedyc: 14%.
Gremio de Saneamiento: 93%.
El informe también detectó que se otorgaron créditos con plazos dispares y sin justificación, con planes de pago que variaban desde 3 hasta 50 años, sin explicación documental. Asimismo, se pagaron obras sin soporte técnico, se detectaron retenciones impositivas no rendidas y pagos de viajes y pasajes para funcionarios y hasta familiares, con fondos del IMTV.
Incluso se reportó el uso de 28 líneas de celular financiadas por el instituto, sin constancia de su destino.
“Si el objetivo era solucionar el problema habitacional, así no lo estaban haciendo. Si el IMTV fuera una empresa, debería haber cerrado hace rato por su manejo contable paupérrimo”, concluyó Cazaux.
El Tribunal dividirá la auditoría en dos etapas. Por ahora, el informe abarca hasta 2018. La revisión de los años 2019 a 2021, también bajo la gestión de JSRN, se encuentra en curso, aunque Cazaux adelantó que los patrones se repiten.
La auditoría destapa uno de los casos de malversación institucional más graves en la política de tierras de Bariloche, en medio de una ciudad con un profundo déficit habitacional y miles de personas inscriptas en espera de un lote.
El Concejo Deliberante y la Justicia deberán ahora determinar las responsabilidades políticas y legales de los funcionarios involucrados.
