La Justicia de Río Negro amplió la acusación contra una organización delictiva dedicada a violentas entraderas en el Alto Valle y sumó a dos hombres de Neuquén capital, consolidando así una banda compuesta por siete integrantes. Ambos fueron imputados por asociación ilícita y por distintos robos ocurridos en Cipolletti, General Roca, Neuquén, Villa Regina y Allen, en hechos investigados desde octubre de 2024 hasta septiembre de 2025.
La causa avanzó a partir de los allanamientos simultáneos realizados el 13 de noviembre en Cipolletti y General Roca, donde se formularon cargos contra cinco sospechosos. La acusación se basa en doce robos, once cometidos en General Roca y uno en Allen, todos bajo un mismo patrón operativo: vigilancia previa, utilización de vehículos robados, irrupción violenta por accesos traseros y reducción inmediata de las víctimas mediante armas de fuego, amenazas y ataduras con alambres o precintos. La fiscalía describió una estructura organizada, con roles definidos, selección de objetivos y planificación sostenida en el tiempo.
Una asociación ilícita con violencia extrema y vínculos entre provincias
La imputación sostiene que los integrantes acordaron actuar como una asociación destinada a cometer múltiples delitos, afectando derechos constitucionales como la seguridad y la propiedad. Según la teoría del caso, los dos neuquinos de 38 y 34 años participaron en asaltos especialmente violentos, entre ellos el registrado el 2 de octubre de 2024 en General Roca, donde ingresaron por la fuerza a una vivienda y sustrajeron documentación, herramientas y un Fiat Cronos luego utilizado en otros episodios y abandonado en Cipolletti. La Justicia remarcó que el grupo operaba con coordinación permanente mediante radios y mensajes y que no descartaba la existencia de más implicados o hechos aún no identificados.
En la audiencia reciente, el Ministerio Público Fiscal ratificó la acusación original y solicitó mantener las medidas cautelares. Los imputados enfrentan cargos agravados por escalamiento, privación ilegítima de la libertad y uso de la violencia, ya que las víctimas eran atadas y sometidas a amenazas para revelar la ubicación de dinero, divisas, cajas fuertes, oro y dispositivos electrónicos. Un patrón llamativo es que la banda nunca sustraía los teléfonos celulares, pero sí retiraba los DVR de las cámaras de seguridad para borrar rastros.
Cinco detenidos, dos nuevos acusados y una investigación que sigue abierta
Las defensas particulares presentaron objeciones contra la prisión preventiva, pero el juez rechazó los planteos y resolvió mantener la calificación legal, las acusaciones y la detención en una unidad policial. Dos de los neuquinos quedaron detenidos por cuatro meses, mientras que uno de los imputados sigue en búsqueda. Para la fiscalía, el grupo actuaba de manera profesional, con selección detallada de víctimas, análisis previo de escenarios y ejecución coordinada de cada ingreso violento.
La jefatura fiscal señaló que se trata de hechos de alto impacto social y que la continuidad de la investigación podría derivar en nuevas imputaciones. La asociación ilícita, según describió la Justicia, funcionaba con persistencia, método y conexión operativa entre distintas ciudades de Río Negro y Neuquén, consolidando una de las causas por entraderas más relevantes de los últimos años en el Alto Valle.
