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El intendente de Allen, Marcelo Román (La Libertad Avanza), está siendo investigado por la fiscalía provincial por presunto peculado, en una causa que también involucra al empresario de medios Sebastián Ocampo, acusado de usurpar funciones públicas sin tener ningún cargo formal en la Municipalidad.
La causa se inició a partir de una denuncia presentada por el Tribunal de Cuentas local el 26 de junio pasado. En ella se señaló que Ocampo habría actuado como si fuera parte del Ejecutivo municipal: participó de reuniones de gabinete, tomó decisiones sobre contrataciones y compras, y manejó recursos públicos. Todo ello sin nombramiento oficial y con el aval del propio intendente.
Según la resolución firmada por la fiscal María Celeste Benatti, Román —también vicepresidente de La Libertad Avanza en Río Negro— está acusado como autor del delito de peculado (artículo 261 del Código Penal), mientras que Ocampo figura como partícipe necesario. Además, el empresario enfrenta un cargo adicional por “ejercer funciones públicas sin título” (artículo 246 inciso 1).
Uno de los elementos clave en la investigación es el uso de un teléfono celular pagado por la Municipalidad que habría estado en manos de Ocampo, sin que existiera relación contractual con el Estado local. La fiscalía presume que ese hecho forma parte de un esquema de irregularidades que se habría extendido desde fines de 2023 hasta abril de 2025.
El caso derivó en una serie de allanamientos, realizados la semana pasada en propiedades vinculadas a Ocampo, quien es dueño de Radio Terapia y de un portal digital local, ambos con línea editorial favorable al intendente Román.
La denuncia fue presentada por integrantes del Tribunal de Cuentas Florencia Torres Castaños, María Belén Villar y el asesor legal Ezequiel Martínez, con el respaldo del presidente del cuerpo, Matías Piergentili, y del vocal Facundo Jara Godoy.
En el escrito se aseguró que Ocampo asumió “funciones propias del cargo de intendente del municipio de Allen sin tener la facultad legal para ello”. Se aportaron testimonios que ratifican su intervención en actos de gobierno y se documentaron pagos en concepto de publicidad a su radio, además de posibles maniobras de triangulación de facturas con empleados de sus medios.
La causa está en etapa preliminar, pero podría escalar si se comprueban responsabilidades penales. Mientras tanto, el escándalo sacude a una gestión local que asumió en 2023 bajo el sello de La Libertad Avanza, prometiendo transparencia y renovación política.
