La conducción de ATE volvió a elevar la presión política sobre el Gobierno de Río Negro ante un escenario repetido cada fin de año pero agravado por la crisis económica: más de 2.500 trabajadores provinciales continúan bajo contratos que vencen el 31 de diciembre y cuya continuidad aún no fue garantizada.
A esta situación se suman miles de empleados municipales y de comisiones de fomento que dependen de decisiones locales para no quedar fuera del sistema laboral en pleno ajuste.
Un reclamo que apunta a continuidad laboral y pase a planta
En una presentación formal elevada al Ejecutivo provincial, el gremio exigió la renovación automática de todos los contratos y reclamó el pase a planta permanente de quienes, pese a cumplir funciones estables, siguen bajo vínculos temporales. Según la organización sindical, se trata de trabajadoras y trabajadores que desempeñan tareas esenciales del Estado, algunos con más de una década de trayectoria, pero que cada diciembre enfrentan la incertidumbre sobre su futuro laboral.
La conducción de ATE remarcó que en un contexto de caída del empleo privado, recortes nacionales y tensión social creciente, cualquier demora o recorte en las renovaciones provocaría un impacto inmediato en la situación económica de miles de familias rionegrinas. El gremio considera que la continuidad laboral no puede quedar sujeta a criterios discrecionales ni a decisiones políticas de último momento.
El sindicato apunta al Gobierno y alerta por un posible salto del desempleo
Rodrigo Vicente, secretario general de ATE Río Negro, fue categórico al advertir que la falta de definiciones antes del 31 de diciembre podría generar un escenario crítico: “El Gobierno provincial y los municipios deberían garantizar la continuidad laboral de los miles de estatales cuyos contratos vencen a fin de año. De lo contrario, pasarán a engrosar la masa desempleada que se acumula con la destrucción de puestos de trabajo en el ámbito privado y público producto de las políticas del gobierno nacional”.
El sindicato anticipa que mantendrá el estado de alerta y movilización hasta que el Ejecutivo confirme la renovación total de los contratos. La discusión por el pase a planta, en tanto, será uno de los ejes centrales de la agenda gremial para el inicio de 2026, en un contexto en el que la estabilidad laboral vuelve a convertirse en una demanda política sensible y estratégica dentro del sector público rionegrino.
