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Una serie de amenazas de tiroteos en escuelas encendió las alarmas en distintas provincias y derivó en detenciones, allanamientos y medidas preventivas en todo el país. En Salta, la Justicia avanzó en las últimas horas contra seis jóvenes —cuatro mayores y dos menores— acusados de emitir mensajes intimidatorios en establecimientos educativos, en el marco de una investigación que busca determinar si se trata de hechos aislados o de un fenómeno replicado.
Los casos incluyeron grafitis en baños escolares y advertencias sobre posibles ataques en fechas concretas, lo que obligó a una rápida intervención judicial. Las autoridades no descartan que detrás de estos episodios haya desafíos virales o conductas imitativas entre adolescentes.
La preocupación no se limita al norte del país. En Córdoba se registraron más de 100 denuncias por amenazas en escuelas, con imputaciones a al menos ocho adolescentes y una serie de allanamientos ordenados por la Justicia. Según especialistas en derecho penal, estos hechos pueden encuadrarse como intimidación pública o amenazas agravadas, con penas que van de uno a seis años de prisión, incluso para menores punibles.
El patrón se repite: mensajes escritos o difundidos en redes sociales que anuncian ataques, generan temor en la comunidad educativa y obligan a reforzar la seguridad en los establecimientos.
Antecedentes en Neuquén
Aunque con menor volumen que en otras jurisdicciones, la problemática también tuvo episodios en Neuquén en los últimos años. Fuentes judiciales y educativas reconocen que se registraron amenazas similares en escuelas de la capital y otras localidades, generalmente a través de redes sociales o mensajes anónimos.
En esos casos, la respuesta incluyó la intervención de la Justicia provincial, la identificación de estudiantes involucrados y la implementación de medidas preventivas en los establecimientos, como refuerzo de la presencia policial y protocolos de actuación ante situaciones de riesgo.
Si bien no alcanzaron la magnitud actual de provincias como Córdoba, los antecedentes neuquinos encendieron alertas sobre la necesidad de abordar el fenómeno de manera integral, especialmente en lo vinculado al uso de redes sociales y la circulación de contenidos intimidatorios entre jóvenes.
Un fenómeno en expansión
Las autoridades nacionales y provinciales coinciden en que la viralización de este tipo de amenazas representa uno de los principales desafíos. La facilidad para difundir mensajes anónimos y el efecto contagio que generan estos episodios configuran un escenario complejo para los sistemas educativos.
Además del impacto judicial, cada amenaza implica la activación de protocolos de seguridad, suspensión de clases y un fuerte efecto psicológico en estudiantes, docentes y familias.
En este contexto, los gobiernos provinciales comenzaron a reforzar campañas de concientización y a coordinar acciones con áreas de seguridad y justicia para frenar la propagación de estos hechos, que ya dejaron de ser aislados y empiezan a consolidarse como una preocupación a escala nacional.
Amenazas de tiroteo en el Colegio Walter Adet de Salta (Fuente: El Tribuno)
