Allen: Román denunció a concejales y reclamó $1,5 millones a Figueroa
El intendente acudió al Tribunal de Cuentas después de que el Superior Tribunal de Justicia anulara las ordenanzas que habían dispuesto su suspensión. Acusó al exjefe comunal interino de haber percibido haberes y solicitado un anticipo durante los días en que estuvo al frente del municipio.
El conflicto político en Allen sumó un nuevo capítulo. El intendente Marcelo Román presentó una denuncia ante el Tribunal de Cuentas municipal contra tres concejales y contra Fabián Figueroa, presidente del Concejo Deliberante que ocupó interinamente la jefatura comunal durante su suspensión.
La presentación fue realizada después de que el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Río Negro declarara la nulidad de las ordenanzas que habían apartado preventivamente a Román y permitiera su regreso al Ejecutivo.
El intendente denunció a los concejales Guillermo Pennesi, Néstor Soler y Marianela Rodríguez por su participación en el proceso que derivó en su suspensión. También apuntó contra Figueroa por las decisiones adoptadas durante el período en que estuvo al frente del municipio.
Según la presentación difundida por el propio Román, Figueroa habría cobrado haberes correspondientes al período comprendido entre el 24 y el 31 de julio de 2026 como intendente interino y posteriormente habría solicitado un anticipo de $1,5 millones a cuenta de los ingresos de agosto.
Las acusaciones corresponden a la denuncia del jefe comunal y deberán ser evaluadas por los organismos competentes.
Román reclama la devolución del dinero
Román pidió que se determine si existió un perjuicio económico para las cuentas municipales y reclamó la restitución de los montos que atribuye a Figueroa.
En su presentación sostuvo que el entonces presidente del Concejo Deliberante percibió haberes mientras la ordenanza que había dispuesto su suspensión se encontraba judicializada.
También solicitó que se formule una denuncia penal por presuntos delitos de abuso de autoridad, usurpación de funciones y desobediencia judicial. La presentación ante el Tribunal de Cuentas no implica, por sí misma, que esas conductas hayan sido acreditadas judicialmente.
El intendente encuadró su denuncia en un supuesto “perjuicio económico a la hacienda municipal, daño institucional al electorado y desvío de poder”.
Un conflicto que llegó al Superior Tribunal
La disputa había alcanzado su punto más alto en julio, cuando el Concejo Deliberante aprobó por seis votos contra tres la suspensión preventiva de Román, sin goce de haberes, en medio de cuestionamientos sobre su administración.
Figueroa quedó entonces temporalmente al frente del Ejecutivo municipal.
Román judicializó la decisión y finalmente el Superior Tribunal de Justicia declaró la nulidad de las ordenanzas que habían dispuesto su apartamiento, al considerar que el procedimiento seguido por el Concejo había invadido atribuciones del Ejecutivo al impedir el ejercicio del veto.
Con Román nuevamente al frente de la Municipalidad, la disputa pasó ahora al terreno administrativo y eventualmente podría volver al judicial si avanzan las nuevas presentaciones.
