Una ex empleada del Colegio Cristiana Evangélica de Neuquén (ECEN) fue formalmente acusada por la Justicia provincial por estafa y administración fraudulenta, tras descubrirse que habría cobrado las cuotas escolares en su cuenta personal de Mercado Pago. La maniobra, que se extendió durante al menos tres años, representaría un perjuicio superior a seis millones de pesos para la institución educativa.
La audiencia se realizó en el marco de una investigación dirigida por la fiscal Valeria Panozzo y el asistente letrado de Delitos Económicos Facundo Bernat, quienes imputaron a la mujer —identificada por sus iniciales como C.N.C.A.— por haber desviado fondos institucionales pertenecientes a la Fundación Escuela Cristiana Evangélica de Neuquén, responsable de la administración del colegio.
Una relación laboral de 14 años y una estafa sistemática
Según la acusación, la imputada trabajó como secretaria administrativa en la sede del colegio ubicada en Senillosa entre marzo de 2011 y mayo de 2025. En ese período tenía a su cargo el cobro de las cuotas mensuales y de reinscripción de los alumnos, funciones que le permitían manejar información y canales de pago directos con las familias.
Entre 2022 y 2025, aprovechando esa posición de confianza, la mujer habría utilizado su cuenta personal de Mercado Pago para recibir los pagos de al menos 50 familias, desviando un total de $6.008.000 que nunca fueron depositados en las cuentas oficiales de la fundación.
Delito y pruebas que respaldan la acusación
El Ministerio Público Fiscal le atribuyó el delito de administración fraudulenta en carácter de autora, al considerar que actuó con la intención de obtener un beneficio personal en perjuicio de la institución educativa. Durante la audiencia, la fiscal Panozzo presentó documentación bancaria, comprobantes de transferencias, mensajes de padres y registros administrativos que sostienen la acusación.
El fraude se descubrió tras una auditoría interna de la fundación, que detectó diferencias contables entre los pagos registrados por los padres y los depósitos efectivamente ingresados a la cuenta institucional. Ante las sospechas, se presentaron las denuncias que dieron origen a la investigación judicial.
La jueza fijó un plazo de cuatro meses para cerrar la investigación
La jueza de garantías Carina Álvarez dio por formulados los cargos y aceptó el pedido del Ministerio Público para establecer un plazo de cuatro meses destinado a completar la investigación y definir si la causa se eleva a juicio.
Fuentes judiciales no descartaron que, a medida que avance el peritaje contable, puedan sumarse nuevos hechos o familias afectadas, dado que la mujer estuvo a cargo de la administración de pagos durante más de una década.
El caso generó fuerte conmoción en la comunidad educativa de Senillosa, donde la acusada era una empleada conocida y con larga trayectoria en el establecimiento. La fundación, por su parte, se constituyó como querellante en la causa y evalúa iniciar acciones civiles para recuperar los fondos desviados.
