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La presentación fue realizada ante la Fiscalía de Delitos Complejos y se incorporó al expediente que ya involucra al intendente Enrique Rossi y a integrantes de su gabinete. Según el denunciante, los documentos oficiales que lo muestran como prestador de maquinaria y servicios no cuentan con su firma ni con su consentimiento, por lo que pidió que se investigue una posible falsificación de documentación pública.
El caso había comenzado con una denuncia de integrantes del Tribunal de Cuentas, quienes alertaron sobre contrataciones irregulares, facturaciones de gran magnitud y faltantes de respaldo administrativo. Ahora, la aparición del presunto proveedor que desconoce las operaciones agrega una dimensión penal más grave, vinculada al posible uso indebido de datos personales para canalizar pagos estatales.
Movimientos bancarios bajo la lupa
El joven, de 22 años, relató que trabajó de manera eventual para el municipio en tareas menores como albañilería y jardinería, pero que jamás gestionó servicios por cifras millonarias ni emitió facturas por esos conceptos. Según su versión, en ese contexto le habrían solicitado datos personales y bancarios para cobrar trabajos puntuales, información que luego habría sido utilizada para otros fines.
Como parte de la presentación judicial, aportó extractos de su cuenta bancaria. Allí figuran transferencias que suman alrededor de 40 millones de pesos provenientes del municipio, montos que, según indicó, no reconoce como pagos propios ni como resultado de tareas realizadas. Ese dinero, de acuerdo con la denuncia, habría sido derivado posteriormente a cuentas de terceros.
La defensa del joven sostuvo que su representado es una persona sin experiencia administrativa ni comercial, incapaz de gestionar contratos complejos o alquileres de maquinaria pesada. Por eso consideran que su identidad habría sido utilizada como pantalla para justificar movimientos de fondos que, en los hechos, no le correspondían.
Posible ampliación de responsabilidades
Con estos nuevos elementos, la causa podría avanzar hacia la hipótesis de una administración fraudulenta con utilización de proveedores ficticios o apócrifos. La presunta falsificación de firmas y contratos, sumada al desvío de transferencias, coloca el foco en el circuito interno de autorizaciones, controles y pagos dentro de la estructura municipal.
El denunciante solicitó constituirse como querellante para impulsar la investigación y aportar pruebas. Argumenta que fue perjudicado no solo económicamente sino también en su identidad, ya que su nombre aparece asociado a maniobras que podrían derivar en responsabilidades penales. La fiscalía deberá definir si admite esa participación formal en el proceso.
Mientras tanto, los investigadores analizan documentación contable, registros de contrataciones y movimientos financieros para determinar quiénes autorizaron los pagos, cómo se confeccionaron los contratos y si existieron otros casos similares. De confirmarse las irregularidades, la situación judicial de los funcionarios involucrados podría complicarse y abrir un nuevo capítulo en la crisis institucional que atraviesa el municipio.
