El anuncio del nuevo Acuerdo Marco de Comercio Recíproco e Inversión entre Argentina y Estados Unidos abrió un frente político inesperado para el Gobierno. Aunque la Casa Blanca ya difundió los lineamientos del entendimiento, en Buenos Aires persiste un hermetismo absoluto respecto de su letra chica, un punto que comienza a incomodar a los gobernadores y a las principales bancadas del Congreso, a días de renovarse la composición legislativa.
En la Casa Rosada insisten en que solo Javier Milei, su equipo económico más cercano y la Cancillería conocen los términos finales del documento. El resto del oficialismo se alinea en un mensaje común: “todavía no hay definición sobre si debe pasar o no por el Congreso”. Incluso en la mesa política libertaria algunos admiten que el texto está bajo estricta reserva.
Técnicos de Diputados y referentes parlamentarios reconocen que sin el texto completo es imposible determinar si el acuerdo exige aprobación legislativa, una obligación constitucional para tratados que modifiquen normas internas, impliquen concesiones arancelarias o comprometan recursos públicos.
La inquietud también se trasladó a las provincias. Varios gobernadores, incluso de distritos aliados, comenzaron a pedir información para evaluar el impacto sectorial. En Cuyo y el Noroeste, donde podría haber beneficios para el sector cárnico, farmacéutico y de recursos naturales, la predisposición inicial es favorable. En cambio, en provincias con fuerte peso automotriz o de Pymes, predomina la cautela ante posibles efectos negativos en el empleo.
“Es difícil tomar postura cuando nadie tiene los detalles”, señalaron desde una de las cinco provincias más pobladas. La misma preocupación se repitió en al menos diez distritos, tanto cercanos como críticos al oficialismo.
El pacto anunciado por Washington incluye la reducción de tarifas, el alineamiento de estándares regulatorios, mayor protección a la propiedad intelectual y un marco “transparente y basado en reglas” para impulsar inversiones. Desde la administración Trump celebraron las reformas económicas que la Argentina ya puso en marcha y destacaron la oportunidad de profundizar la relación bilateral.
Pero justamente varios de esos puntos —especialmente el capítulo de propiedad intelectual y patentes— podrían requerir cambios en la legislación argentina. “Es imposible alinearse sin modificar leyes. Y hacerlo por decreto no brindaría seguridad jurídica”, advirtió un asesor técnico de un bloque opositor.
El Gobierno inicia esta semana la ronda de negociaciones por el Presupuesto 2026 y las reformas que Milei considera esenciales para la segunda etapa de su gestión. En ese marco, sumar un debate sobre el tratado con Estados Unidos podría tensar aún más la dinámica parlamentaria.
La estrategia de la Casa Rosada incluye reforzar vínculos con un grupo acotado de provincias —Misiones, Salta, Tucumán, Catamarca, Río Negro y Neuquén— que considera claves para garantizar votos en ambas cámaras. Paralelamente, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quedó a cargo de tejer acuerdos en el Senado para la reforma laboral, cuyo contenido también se vería influido por las exigencias del acuerdo con EE.UU.
En la oposición coinciden en un diagnóstico: el nivel de modificaciones legales que podría requerir el tratado determinará si el Gobierno puede avanzar sin tratamiento parlamentario o si estará obligado a exponer la letra chica en el Congreso. Por ahora, nada de eso está claro.
Mientras tanto, legisladores y gobernadores siguen esperando lo que consideran indispensable para cualquier discusión seria: el texto completo del acuerdo.
