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Neuquén cuenta con una nueva herramienta para mejorar la atención a los reclamos de usuarios y consumidores. Se trata de la Ley 3501, recientemente aprobada por la Legislatura provincial, que modifica el procedimiento de apelación de las empresas ante sanciones en materia de Defensa del Consumidor, permitiendo que puedan acudir directamente a la Justicia civil sin agotar la vía administrativa.
La iniciativa fue impulsada por el gobernador Rolando Figueroa como parte de un paquete de reformas anunciadas el 1 de marzo, y busca acortar los plazos en los procesos de reclamo y fortalecer la protección de los derechos de los consumidores.
El titular de Protección al Consumidor de la provincia, Pablo Tomasini, explicó que una de las principales trabas que enfrentaban los usuarios era la demora generada por las apelaciones administrativas. “Había empresas que recurrían a instancias interminables antes de llegar a la Justicia. Eso demoraba las respuestas y generaba frustración en la gente”, sostuvo.
Con la nueva ley, las apelaciones podrán tramitarse directamente en los juzgados civiles, lo que evitará dilaciones innecesarias y dará mayor celeridad a los procesos. Además, se fortalecerá el trabajo conjunto con el Tribunal Superior de Justicia para implementar el nuevo esquema de forma efectiva.
“Lo que buscamos es que las empresas respondan en tiempos razonables y que las sanciones por malas prácticas se resuelvan con agilidad. La gente necesita certezas y un sistema que funcione”, agregó Tomasini.
La ley también refuerza las atribuciones de los organismos de control y contempla sanciones más eficaces ante conductas que vulneren los derechos del consumidor. Para el Gobierno, se trata de un paso más en la construcción de un Estado ágil y comprometido con la ciudadanía.
